El Comité Español Representante de personas con discapacidad en Andalucía (CERMI Andalucía) ha exigido en el Parlamento autonómico que se garantice la efectividad de la participación política de las personas con discapacidad y en igualdad de condiciones, tal y como se establece en el artículo 23 de la Constitución Española y para la que es necesaria la accesibilidad.
Así lo ha puesto de relieve la presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, que junto a otras personas con discapacidad han protagonizado la lectura en la Cámara autonómica del manifiesto con el que se celebró el Día de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, bajo el lema ‘Los asuntos públicos también son nuestros’.
En el acto, al que asistió el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la secretaria general de Inclusión Social de la Junta, Ana Vanessa García, junto a representantes de los grupos políticos y de las entidades de personas con discapacidad, se ha abogado por que las personas con discapacidad no sean discriminadas en ninguna etapa del proceso electoral o en la vida política en general, y que reciban el mismo trato y consideración que cualquier otra persona” menciona el documento. “Es imprescindible asegurar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, universalmente accesibles y fáciles de entender y utilizar”, señala el manifiesto.
Asimismo, se ha subrayado que “la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben construirse en conjunto y con las personas con discapacidad, tal como señala la Convención en su Artículo 29 y la Constitución Española en sus Artículo 9.2 y 23”.
Por ello, aprovechando la coyuntura electoral que vive nuestro país este mes y el semestre de presidencia española en la Unión Europea, en el manifiesto se recuerda que las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para su participación política en igualdad de condiciones.
Desde el movimiento social de la discapacidad han señalado que es un momento propicio para impulsar el reconocimiento al derecho de sufragio activo y pasivo de todas las personas con discapacidad, recordando que en muchos países de la Unión Europea no se cumple el mandato de la Convención.
“Se trata de que las personas con discapacidad no sean discriminadas en ninguna etapa del proceso electoral o en la vida política en general, y que reciban el mismo trato y consideración que cualquier otra persona”.
Las personas con discapacidad siguen invisibles en la política
Además, en el manifiesto se especifica que “las personas con discapacidad siguen invisibles en términos de participación política. Hay diversos factores que dificultan la participación: el nivel educativo, las situaciones de pobreza o el mayor riesgo de exclusión social. A todo ello hay que añadir también carencias de accesibilidad en la participación y en la comunicación de las campañas por la falta de recursos y herramientas que garanticen la inclusión y participación de las personas con discapacidad”.
En este sentido, en el manifiesto se destaca que “una sociedad democrática tiene que impulsar la visibilidad de quienes han sido invisibilizados, tiene que promover y mantener la conversión en sujetos activos de quienes ha considerado tradicionalmente sujetos pasivos, aunque ya hayan demostrado no serlo”.
Por su parte, en el manifiesto se exige que la accesibilidad universal de la información y la comunicación de programas electorales sea tan importante como la accesibilidad de los espacios, colegios electorales, procedimientos y materiales para garantizar que este derecho sea efectivo y universal para la ciudadanía.
Por otro lado, se afirma en su manifiesto que “las mujeres con discapacidad siguen enfrentándose a mayores barreras en el camino hacia la participación política activa, como consecuencia de los efectos nocivos de la intersección entre diferentes factores de exclusión”, ya que, las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad y exclusión en la participación política activa y que se enfrenten a mayores barreras en el camino hacia esa participación política activa.
Finalmente, las entidades han exigido que “se reitere su demanda a las formaciones políticas para garantizar la accesibilidad universal a los programas y campañas electorales”, y han pedido que “las medidas sean específicas y adaptadas a las necesidades y perspectivas de las personas con discapacidad, y con un compromiso firme para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas”.