10,4 meses. Esa es la media de espera para obtener la valoración del grado de discapacidad en España. En los extremos encontramos a Castilla y León o Melilla, con dos y tres meses de espera, y Canarias, con años de demora. Así lo ha explicado en un informe la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis).
En este sentido, llama la atención las comunidades que más tardan en dar la valoración del grado de discapacidad en España. Después de las Islas Canarias encontramos a tres CCAA que tardan año y medio, 18 meses, como son Andalucía, Asturias y Comunidad Valenciana. También sobrepasan el año en valorar la discapacidad Murcia, con 15 meses, y Baleares, Galicia y Castilla-La Mancha, con 14 meses cada una.
En el polo opuesto, después de Castilla y León y Melilla, encontramos a Ceuta (3,5 meses) y País Vasco (4 meses). También cuentan con menos de un año, Navarra (6 meses); Aragón (7,6 meses); Madrid (8,3); Cataluña (8,5) y Extremadura (9).
Retrasos «inaceptables» para la discapacidad
La agencia de noticias Servimedia acogió el encuentro informativo ‘Baremo de Discapacidad: la puerta de acceso a los derechos’. Dicho encuentro fue organizado por la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) y la propia agencia de noticias.
En el evento estuvo presente Luis Vañó Gisbert, presiden del COCEMFE en la Comunidad Valenciana, quién tildó los retrasos como «inaceptables». Y es que para él, la media nacional, que se sitúa en 10,4 meses, resulta «excesiva, pero es que en muchas comunidades se tarda más de un año en obtener el certificado».
Como es obvio, el impacto de la pandemia, con los meses de confinamiento y la adopción de medidas de seguridad hicieron que aumentara la lista de espera, así como el tiempo en dar la valoración en materia de discapacidad. Aunque como resalta Vañó, la situación «viene de muy atrás».
Al conocer estos datos, muchas CCAA tienen la intención de agilizar el proceso para que no sea tan tardío. «Han puesto en marcha planes de choque», como asegura el presidente de COCEMFE en Valencia. Por último señala que las CCAA deben realizar «una restructuración urgente. Es preciso ejecutar una reclasificación de los puestos de trabajo. Todo ello con el objetivo de obtener una mejor coordinación entre los distintos servicios y la obligación legal de resolver el expediente en tres meses.