La próxima semana, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, iniciará la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Esta reforma propondrá ampliar el catálogo de prestaciones y servicios, con un enfoque en fortalecer los servicios de asistencia personal, teleasistencia y atención a domicilio, entre otros.
Bustinduy también ha anunciado que en las próximas semanas su departamento presentará la Estrategia de cuidados y desinstitucionalización. Esta estrategia estará respaldada por un importante esfuerzo presupuestario y de financiación, que se negociará en el marco de los presupuestos de 2025.
El ministro realizó estos anuncios durante su visita a la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), que hoy celebra el primer Consejo Estatal de Personas Mayores de esta legislatura.
«Vamos a acometer esta transformación del modelo de cuidados apostando por un giro copernicano en las políticas públicas, teniendo en cuenta las preferencias, los deseos y las necesidades de las personas que requieren de estos servicios», ha aseverado.
Los retrasos en dependencia afectan a miles de familias
Las familias se encuentran ante una situación alarmante, dado que la burocracia y la lentitud en los trámites de evaluación y renovación del grado de discapacidad están provocando la detención de las ayudas que les corresponden.
Esto abarca la deducción por maternidad de hijos con discapacidad a cargo, la asistencia económica, las becas destinadas a estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y los permisos de estacionamiento para personas con discapacidad.
Las asociaciones han recopilado testimonios de familias que han estado esperando durante meses, e incluso años, para ser evaluadas o para que se renueve el grado de discapacidad de sus miembros. En ciertos casos, esto ha resultado en la suspensión de las ayudas, obligando a las familias a costear los servicios necesarios para sus hijos, como terapia ocupacional o acceso a piscinas adaptadas.
Las asociaciones instan a tomar medidas inmediatas para acelerar los procedimientos y asegurar que las familias reciban las ayudas que les corresponden. Entre las propuestas de solución, sugieren la contratación de más personal y la capacitación adecuada para los profesionales encargados de realizar las evaluaciones.