En España, en torno al 10 por ciento de la sociedad tiene alguna discapacidad diagnosticada. Esto supone en torno a 4,12 millones de personas en todo el país. Un sector que necesita de unas medidas específicas y ayudas fundamentales, para poder desarrollar su vida con total normalidad y sin barreras. Pues en ocasiones, no tener en cuenta a este colectivo, les supone una dificultad añadida a la hora de afrontar su día a día en casi cualquier ámbito de la vida.
Por este motivo, es una responsabilidad ética y moral, abogar por la integración de estas personas y la igualdad de condiciones, poniendo a su alcance, herramientas con las que poder superar las barreras que en ocasiones les supone su discapacidad. Por tanto, para garantizar la integración plena de las personas con discapacidad, desde los gobiernos se deben de tomar medidas eficaces, que alivien la carga económica de estas personas que a menudo tienen menos oportunidades, y fomentar su bienestar.
La importancia de la inclusión de las personas con discapacidad
Para integrar totalmente en la sociedad a las personas con discapacidad, es fundamental contar con medidas desde las instituciones que ayuden a la inclusión de estas personas en todos los ámbitos. En España, en torno a 4,2 millones de personas cuentan con alguna discapacidad acreditada, esto significa, que hay un gran número de personas que además de contar con una serie de barreras físicas o psíquicas, cuentan con menos oportunidades de cara al desarrollo económico o social.
Esto es en muchos casos porque no se le da la oportunidad, y para ello, hay que dotar a estas personas de herramientas, con el fin de aliviar su carga económica y fomentar su bienestar. Cabe recordar, que es considerado como discapacidad, cualquier condición física, sensorial, intelectual o psíquica que limite o impida el desarrollo autónomo de la vida diaria de una persona. No obstante, de forma oficial, se considera que una persona ostenta esta acreditación cuando:
- Recibe una pensión por incapacidad permanente de la Seguridad Social.
- Recibe una pensión de clases pasivas por incapacidad permanente o inutilidad.
- Mediante resolución judicial se le ha declarado una discapacidad con un grado igual o superior al 65 por ciento.
Beneficios fiscales en 2025
Una persona puede acceder a beneficios fiscales por discapacidad en España si acredita un grado igual o superior al 33 por ciento, mediante acreditación del órgano competente de la comunidad autónoma a la que pertenezca, o a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). De ser así, podrá acceder a beneficios fiscales como la reducción de 3.000 euros en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Una cuantía que puede ascender a los 7.750 euros si:
- La persona necesita ayuda de terceras personas para realizar actividades básicas de la vida diaria.
- Presentan movilidad reducida.
- Tienen un grado de discapacidad de al menos el 65 por ciento.
Pero existe otro tipo de beneficios a los que pueden acceder las personas con discapacidad, como son:
- Por tener descendientes, ascendiente o cónyuge con discapacidad, se puede aplicar una reducción de 1.200 euros por cada uno de ellos. En las familias con más de un miembro con discapacidad, el importe se prorrateará a partes iguales, salvo que todas las partes acuerden ceder este derecho a una sola persona.
- A la hora de realizar obras para mejorar la accesibilidad de esta persona, la ley permite desgravar hasta 12.080 euros. Aquí se incluyen desde la compra de materiales, hasta la obra para adaptar cualquier estancia de la casa.
- Otro beneficio es la exención del impuesto de matriculación a la hora de comprar un vehículo adaptado para uso personal. El objetivo es facilitar la movilidad de la persona.