Las personas con discapacidad, al igual que ocurre con las personas mayores, se incluyen dentro de los colectivos vulnerables de nuestra sociedad. De esta manera se puede optar a ventajas y descuentos exclusivos para estas personas, entre los que encontramos los beneficios fiscales.
Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) han señalado que la «discapacidad es una condición del ser humano que, de forma general, abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona:
- Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal.
- Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas.
- Las restricciones de la participación son dificultades para relacionarse y participar en situaciones vitales.»
El beneficio fiscal más buscado por las personas con discapacidad
El beneficio fiscal que es más llamativo para las personas con discapacidad en 2025 es el que se ofrece relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En este caso hablamos de una ayuda con la que las personas con discapacidad pueden alcanzar a ahorrarse 9.000 euros anuales, dependiendo del grado de discapacidad que tenga cada persona.
Desde la Agencia Tributaria señalan que va a ser el grado de discapacidad es la que va a marcar la deducción que se podrá aplicar al contribuyente. Por ejemplo, si la persona tiene un grado de discapacidad igual o mayor al 33% y menor al 65%, el mínimo aplicable es de 3.000 euros anuales. En caso de que el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%, el mínimo aplicable asciende a 9.000 euros anuales.
Además, si se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas, movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%, se añaden 3.000 euros anuales al mínimo aplicable.
El IMSERSO y la discapacidad
Desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) han informado que las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común que, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos en la vida económica, social y cultural del país.
Es indudable que se han operado cambios en la manera de entender el fenómeno de la discapacidad y, consecuentemente, la aparición de nuevos enfoques y estrategias: hoy es sabido que las desventajas que presenta una persona con discapacidad tienen su origen en sus dificultades personales, pero también y sobre todo en los obstáculos y condiciones limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, se oponen a la plena participación de estos ciudadanos.
En cuanto a la valoración, desde el IMSERSO señalan que dictamen propuesta para el reconocimiento de grado será emitido por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad competentes dependientes de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran sido transferidas las funciones en materia de calificación del grado de discapacidad, así como por dichos equipos multiprofesionales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales en su ámbito competencial.