Las personas con discapacidad cuentan con una ventaja a la hora de recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y es que sus cuantías son superiores a las que reciben el resto de personas que tienen el derecho a recibir esta prestación. En este sentido, este colectivo recibe un aumento de la cuantía del 22% sobre la base establecida. Debemos de tener en cuenta que el Ingreso Mínimo Vital es una ayuda que tiene como objetivo que estas personas en riesgo de de pobreza y exclusión social puedan prevenir su situación.
Desde la Seguridad Social informan que el Ingreso Mínimo Vital «es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas». Esta prestación se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.
El Ingreso Mínimo Vital para las personas con discapacidad
Desde la Seguridad Social informan que las personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65% tendrán un incremento en un 22 por 100 en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital. En 2024, el el importe mensual de esta prestación para una sola persona está fijada en 604,21 euros, que quedaría fijado para las personas con discapacidad en 373,14 euros.
Si hablamos de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital para el beneficiario individual o la unidad de convivencia será la diferencia entre la renta garantizada y el conjunto de rentas e ingresos de tales personas, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros mensuales.
Las incompatibilidades del Ingreso Mínimo Vital
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias.
Opera como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación en la sociedad. Contendrá para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones.