El Gobierno de España se ha puesto serio en este 2025 en materia de leyes de trabajo y reforma de la Administración. Además de la ya conocida subida del Ingreso Mínimo Vital, que deberá ser declarado ante la Agencia Tributaria en la Campaña de la Renta tras el ‘no’ de Hacienda a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, también ha cambiado el sistema para fichar a la entrada y salida de trabajo y el horario laboral. Precisamente, esta última medida ha generado cierta controversia entre los empleados de las instituciones públicas.
Por tanto, el Ejecutivo tiene la intención de sancionar a todos los empleados públicos que no cumplan con su horario de trabajo. Por ello, los funcionarios que lleguen tarde a su puesto por una causa injustificada se expondrán a una multa que llevará arraigada la suspensión de empleo y sueldo durante 30 días. Eso sí, siempre y cuando este desplante sea reiterado y no puntual.
Sanción leve, según el Gobierno
Esta política sancionadora es una de las novedades que trae consigo el proyecto de ley de la Función Pública que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados, aunque todavía es posible que este trámite sufra algunas modificaciones. En estos momentos, las sanciones leves pueden rondar los 15 días de suspensión de empleo y sueldo. No obstante, el Gobierno de la nación quiere ampliarlo al doble con este nuevo proyecto de ley.
En este sentido, los términos para referirse a sanciones leves en el proyecto de ley de la Función Pública son los siguientes: «Incumplimiento injustificado del horario de trabajo», «la falta de asistencia injustificada de un día», «la falta de consideración con cualquier persona durante el ejercicio de sus funciones» y «el descuido o negligencia«. Si se acomete cualquiera de estas situaciones, el trabajador podrá ser sancionado por la Administración durante un periodo determinado.
Por otro lado, también se redefine lo que significa la reincidencia. Según la nueva modificación del Gobierno, un trabajador se considerará reincidente cuando «en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa».
Otras medidas de la Ley de Función Pública
Además del endurecimiento de las sanciones a este tipo de trabajadores de las administraciones, el Proyecto de Ley de la Función Pública incluye otras reformas que afectan directamente a los empelados del sector público.
- Recuperación de la jubilación parcial: Se permitirá que los empleados públicos con entre 62 y 64 años puedan acogerse a una jubilación parcial, siempre que cumplan con los requisitos de 33 años cotizados y 6 años en la Administración.
- Extensión de la edad de jubilación: Actualmente, la edad máxima de jubilación en la función pública es de 70 años, pero el PSOE propone ampliarla hasta los 72 años, siempre que el trabajador lo solicite y obtenga autorización.
- Mejoras en permisos parentales: Se plantea un permiso parental de dos semanas retribuidas para el cuidado de hijos menores de ocho años, así como la acumulación de permisos por nacimiento o adopción en el caso de familias monoparentales.
