La Junta de Andalucía ha convalidado el decreto ley que regula la Renta Mínima de Inserción de Andalucía. Esta ayuda, conocida como Rmisa, da cobertura al mes a 6.500 familias en situación de pobreza en la región de Andalucía. Esta nueva norma también incluye cambios que incumben a las persona con discapacidad o a las familias numerosas.
La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha dado luz verde a este decreto ley después de que el Consejo de Gobierno aprobara el pasado 20 de diciembre de 2022 este cambio normativo realizado en tiempo récord. Todo ello para poder dar respuesta a las familias andaluzas más vulnerables debido al aumento del coste de la vida y el alza de los precios.
En su intervención parlamentaria, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado las ventajas que suponen este cambio normativo. Este decreto que ha sido convalidado al contar con los votos favorables de PP, la abstención de PSOE y Vox y en contra del grupo Por Andalucía.
Así, con esta medida se consigue incrementar una media del 45 por ciento la renta autonómica. Al mismo tiempo que se evitan desigualdades entre las familias que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la prestación andaluza. De esta manera se da cobertura a aquellas que quedan fuera del IMV. «La lucha contra la pobreza es un objetivo prioritario del Gobierno andaluz», ha continuado Loles López. La consejera ha explicado que la incompatibilidad de la prestación autonómica con la estatal ha hecho necesario replantear el escenario de la cobertura proporcionada por la Junta.
Aumenta un 45% la cuantía de la Renta Mínima
En concreto, la cuantía de la Renta Mínima de Inserción aumenta un 45 por ciento de media. Así, la prestación base para cualquier persona sola que la solicite tras su entrada en vigor sube de los 451 euros actuales hasta los 533 euros. Además, a esta cantidad se suma un 30 por ciento por cada miembro de la unidad familiar y, en el caso de ser familias monoparentales, tendrán un complemento adicional del 22 por ciento, del que también dispondrán aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad. La cuantía máxima de la Renta Mínima de Inserción pasa de los 839 a los 1.173 euros.
De hecho, la consejera ha recordado que el Anteproyecto de Ley del Ingreso por la Infancia y la Inclusión en Andalucía (IPII) incluía una subida por cada miembro de la unidad familiar de un diez por ciento que ahora se eleva al 30, siendo también del diez por ciento para familias monoparentales o con algún miembro con discapacidad y en la Renta Mínima de Inserción se establece el complemento en el 22 por ciento.
Por ello, la consejera ha defendido la importancia de actuar con celeridad para dar respuesta a la población más vulnerable y ha explicado que eso ha llevado al Gobierno andaluz a optar por la modificación del decreto ley para agilizar tiempos y evitar toda la demora que conlleva la aprobación de una ley.
López ha señalado que «lo importante no es el nombre de la prestación sino la respuesta a la necesidad y que esta sea rápida y eficaz”. “Los casos con mayor necesidad son los que tendrán una mayor subida», ha enfatizado López, que ha sostenido que todas las familias excluidas del IMV quedarán protegidas por la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (Rmisa).
Compatible con el Ingreso Mínimo Vital
Así, se permite la compatibilidad con el IMV a las familias que pasen por una situación de urgencia o emergencia social como son casos de:
- Mujeres víctimas de violencia de género o explotación sexual
- Por enfermedad o accidente grave
- En caso de pérdida de la vivienda habitual
Otro colectivo que será atendido con la Renta Mínima de Inserción es el de personas que están en trámite de protección internacional. Es decir, las personas que, por ejemplo, están esperando el reconocimiento de asilo. De este modo, una de las principales mejoras de este decreto es la atención prioritaria que se da a los casos de urgencia y emergencia.
En esta misma línea, la consejera ha incidido en que con este decreto ley se da protección a aquellas personas en situación de vulnerabilidad que quedan fuera del Ingreso Mínimo Vital. Por ejemplo aquellas personas con edades comprendida entre los 18 y 22 años que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% o cuando tengan a cargo a una persona con discapacidad, incluyendo situaciones de tutela o acogimiento familiar, así como contempla a aquellas personas con 16 o 17 años emancipadas y que tengan a cargo a una persona con discapacidad.
Tal y como ha subrayado la consejera, el Ingreso Mínimo Vital ha tenido siete modificaciones en tan solo dos años y medio. De esta manera se hacía necesario una solución para compatibilizar, en algunos casos, y completar, en otros, la prestación estatal con la autonómica.
Andalucía pide gestionar el Ingreso Mínimo Vital
Además, con esta medida se busca poner fin a los reintegros que se producen por el solapamiento de ambas prestaciones. Y es que las constantes revisiones del Ingreso Mínimo Vital y la falta de respuesta del Gobierno de España a la propuesta de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para la cogestión del IMV hacen que cobrar ambas ayudas deriven en pagos indebidos que después la administración regional está obligada a reclamar a las familias.
«No tendríamos que reclamar que devolviesen fondos si nos dejasen gestionar el Ingreso Mínimo Vital. Esto es algo que ya ocurre en el País Vasco o Navarra o como ya ha solicitado también Cataluña». Así lo ha afirmado Loles López.
Respecto a otras comunidades autónomas, Loles López ha remarcado que, mientras en Andalucía la cuantía máxima alcanza los 1.173 euros, por ejemplo, en Extremadura es de 960 euros y en La Rioja de 750. De esta forma, esta cantidad de 1.173 euros, –que supone un alza del 72 por ciento–, será la cantidad que cobre una pareja con tres hijos menores, entre otros casos, una vez que se solicite tras la entrada en vigor del decreto.
Objetivos de la Renta Mínima de Inserción
Entre otros objetivos de la Renta Mínima de Inserción, se encuentra la creación de una ayuda complementaria para las familias que cobren un IMV de hasta cien euros al mes. Esta ayuda se abonará mediante un pago único anual y permite complementar la prestación estatal teniéndose en cuenta la situación de vulnerabilidad de la familia en el momento de su solicitud. Este complemento al IMV se aplicará a partir del mes de julio, una vez la administración regional disponga de los datos definitivos de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, dada las variaciones en su cuantía que se producen durante el año.
De este modo, ante el complejo escenario socioeconómico actual y la situación de vulnerabilidad de muchas familias «hemos decidido actuar ya para, en el menor tiempo posible, dar respuesta», ha incidido la consejera. Loles López ha explicado que la Renta Mínima de Inserción tiene en cuenta “no la renta del año anterior de la persona, como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital, sino el momento actual en el que se encuentra” ya que su coyuntura y escenario puede variar y se trata de buscar soluciones accesibles a los ciudadanos y ciudadanas.
El decreto convalidado en el Parlamento permite, además, adoptar medidas para facilitar el acceso al bono social térmico, simplificar los procedimientos de renovación del título de familia numerosa y de concesión de las tarjetas de aparcamiento para vehículos para personas con movilidad reducida.