El informe ‘CERMI Espacio Digital. Territorios conectados’ ha informado de cuales son los territorios en los que más se tarda en obtener la valoración del grado de discapacidad. Canarias y Extremadura lideran la clasificación, con una espera de dos años. En el caso de Andalucía, la espera es de dos años, o lo que es lo mismo, 18 meses o 548 días.
Desde el CERMI señalan que esto se debe a que ha sido «un procedimiento lento y difícil». Dicho informe ha sido elaborado a partir de información obtenida por los CERMIS autonómicos en el que se analiza el tiempo medio para obtener la valoración del grado de discapacidad, desde que se solicita, en comunidades y ciudades autónomas.
El informe examina el tiempo máximo en meses para emitir resolución en 2023. El plazo máximo oscila entre los dos años de Canarias y Extremadura y los 18 meses que tiene comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias, los cinco territorios que acaparan mayor tardanza.
Cádiz y Granada, las peores provincias de toda Andalucía
Dentro de Andalucía, si hablamos de provincias o ciudades que más tiempo tardan a la hora de conseguir el grado de discapacidad, encontramos a Cádiz y Granada. Además, el mismo informe revela que Badajoz, Toledo, Albacete y Avilés se unen a las dos provincias andaluzas como las que mayor dilación en el tiempo presentan a la hora de conseguir el grado de discapacidad en España.
En contrapartida, Castilla y León (con cuatro meses) es la comunidad autónoma con menos demora, seguida de País Vasco (5), Comunidad de Madrid (9), Comunidad Valenciana (10), Navarra (11), Galicia y Cantabria (12), Aragón (13), Cataluña (14 meses), Baleares (15) y Murcia (16).
El 94,74% de los territorios tiene como causa principal de esta demora la escasez de personal y el 78,95% se debe a la existencia de procedimientos lentos y complejos. Según este informe, la insuficiencia de centros no es una causa tan determinante en el retraso en la valoración, siendo esta del 36,84%.
El CERMI Estatal remitirá este informe al Defensor del Pueblo con la petición de que investigue estas dilaciones, que causan un enorme perjuicio a las personas con discapacidad y a sus familias, ya que la valoración de la discapacidad es la puerta de acceso al sistema de apoyos y prestaciones de las Administraciones Públicas que se reciben por razón de discapacidad en España.