La Junta de Andalucía, liderada por Juan Manuel Moreno Bonilla, sigue mostrando su apuesta por la discapacidad. Además, de garantizar por ley la accesibilidad a las gasolineras de este colectivo, también va a luchar contra el uso indebido de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR).
De esta manera, el organismo de Andalucía ha establecido la modificación del régimen sancionador en materia de infracciones por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad o movilidad reducida.
Todo ello con el objetivo de evitar que el peso de las sanciones recaiga sobre las personas titulares. Además, se dejaba impune la conducta de terceras personas que, en la mayoría de los casos, acababan siendo las responsables de estos abusos.
En este caso, el Anteproyecto de Ley modifica el apartado 1º.b) del artículo 84.1; así como el apartado 2 del artículo 85, tras más de dos años de aplicación del régimen sancionador establecido en la Ley 4/2017.
La tarjeta es personal e intransferible, y solo se puede usar para el transporte del titular. De esta manera, está totalmente prohibida su cesión a terceras personas o su uso irregular.
Sanciones por uso indebido de la tarjeta de aparcamiento
Las sanciones por el el uso indebido de la tarjeta de aparcamiento PMR van desde los 300 hasta los 3.000 euros. Así lo ha recordado la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA Cocemfe Madrid).
Desde FAMMA resaltan que la gran mayoría de las familias hacen un uso adecuado de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Pero, también hace un llamamiento a las familias que llevan a cabo estas malas prácticas.
Por ello, apuestan por hacer siempre un uso adecuado. Piden que no se abuse de estas medidas de discriminación positiva. Y es que su único objetivo es el de servir exclusivamente a facilitar la integración de las personas con discapacidad.
A la Federación le consta que, en la última comprobación del Ayuntamiento de Madrid sobre tarjetas de personas beneficiarias directas fallecidas, se detectaron cerca de 5.000 que fueron reclamadas a las familias de sus propietarios, aunque aún, no han sido entregadas todas.