El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma clave que promete transformar los procesos judiciales relacionados con los desalojos de okupas en España. Esta medida, impulsada por el PNV, busca eliminar la burocracia que hasta ahora alargaba los tiempos para recuperar viviendas ocupadas. La aprobación, marcada por un error de voto de algunos miembros de Bildu y ERC, supone un avance significativo en la protección de los derechos de los propietarios.
La reforma, aún pendiente de su paso por el Senado y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), plantea un cambio radical en los plazos judiciales. El objetivo principal es garantizar que los desalojos se realicen en menos tiempo, reduciendo esperas que antes duraban meses o incluso años.
Puntos clave de la reforma para desalojos más rápidos
- Juicios rápidos: Los delitos de ocupación como usurpación de morada o allanamiento de domicilio se tramitarán mediante procedimientos abreviados. Esto permitirá resolver los casos en un plazo máximo de 15 días desde que el okupa es puesto a disposición judicial.
- Desalojo exprés: En situaciones extremas, los propietarios podrán recuperar sus viviendas en cuestión de horas, mientras que en casos normales, el plazo será inferior a una semana.
- Protección a menores: Aunque la reforma acelera los procesos, mantiene protecciones sociales para menores que vivan en viviendas ocupadas. Los servicios sociales analizarán cada caso antes de proceder con el desalojo.
- Reducción de plazos: Actualmente, el 70% de los desahucios demora entre 4 y 9 meses. La reforma busca recortar drásticamente estas cifras para garantizar una solución más ágil y efectiva.
Impacto de la reforma en los procesos judiciales
Esta modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretende marcar un antes y un después en el sistema judicial español. Al facilitar la recuperación de propiedades, se busca proteger tanto el derecho a la propiedad como la seguridad jurídica. La medida ha sido recibida con gran expectativa, ya que promete acabar con años de demoras que afectaban a miles de propietarios en el país.
En última instancia, esta reforma podría convertirse en un modelo para abordar la ocupación ilegal en otros contextos europeos, posicionando a España como referente en la gestión de este tipo de conflictos.