La famosa Ley de Propiedad Horizontal sufrirá una severa modificación el próximo día 3 de abril, cuando entrará en vigor una normativa que afectará a los habitantes de todas las comunidades de vecinos. Esta nueva regulación pretende ser más firme y controlar en mayor medida el alquiler de los pisos turísticos por parte de los propietarios, dejando la decisión sobre la posibilidad de arrendar el inmueble a la aprobación de la comunidad.
Desde el año 2019, las comunidades de propietarios pueden limitar la actividad turística que se lleva a cabo en los edificios e incluso prohibirla. Pero a partir del 3 de abril se da un paso más en las limitaciones. Tal y como han fijado las administraciones competentes en esta materia, aquellos que deseen poner en alquiler turístico su piso deberán contar con aprobación expresa de la comunidad de propietarios. Así se pretenden reducir los conflictos por este tipo de arrendamientos.
Regulación del alquiler a partir del 3 de abril
Dependiendo de la Comunidad Autónoma, las sanciones por alquiler un piso sin el permiso explícito de la comunidad pueden llegar a alcanzar los 600.000 euros. En este sentido, el respaldo de la comunidad de propietarios tendrá que ser de tres quintas partes del total de las cuotas de participación. Además, la modificación de esta Ley de Propiedad Horizontal (LPH) también contempla que, si un comunidad no aprueba el permiso para el alquiler turístico, podrá demandar a algún propietario que sí este acometiendo esta actividad, cuando se le ha denegado esa posibilidad por votación.
No obstante, los pisos turísticos que estuvieran operativos desde antes del 3 de abril no se verán afectados por esta nueva normativa, ya que no es de carácter retroactivo. Del mismo modo, esta nueva regulación tampoco establece cuándo tienen que celebrarse las juntas vecinales, por lo que puede ser en las juntas ordinarias, que suele ser una o dos al año, o establecer una junta extraordinaria.
El problema del alquiler turístico
El alquiler de pisos turísticos, especialmente en ciudades que ostentan importantes ingresos gracias, precisamente, al turismo, supone un grave problema para los ciudadanos autóctonos de estos lugares. De hecho, se han elevado ya quejas formales a las instituciones denunciando este tipo de alquileres, en los que los arrendados vandalizan puntos de las ciudades y no dejan grandes sumas de dinero. En definitiva, solicitan una regulación de este materia.
De hecho, en términos numéricos, atendiendo a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2024 había en España más de 365.000 viviendas turísticas, lo que supone una diferencia de más de 40.000 apartamentos destinados al uso turístico respecto a los datos del agosto de 2020.
Esta evolución pone de manifiesto un importante crecimiento del arrendamiento turístico en el Estado español pese a que desde la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, las comunidades de vecinos ya podían limitar el alquiler turístico. Ahora, la nueva reforma de la Ley de propiedad horizontal pretende ir más allá y poner en manos del resto de vecinos la decisión sobre si aprobar o no la actividad de alquiler turístico en sus edificios.
