Este pasado día 22 de junio, el Ministerio de Trabajo emitió un último aviso de siete días a la patronal para la aprobación de la reducción de la jornada laboral. El secretario de Estado, advirtió que si no se presentaba una propuesta por escrito para sumarse al acuerdo, el Gobierno aprobaría la medida solo con el apoyo de los sindicatos. Esto no fue bien recibido por Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.
Las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, dieron su visto bueno al borrador presentado por Trabajo, viéndolo como un buen paso hacia su verdadero objetivo: implantar una jornada laboral de 35 horas en el futuro. A pesar de las negociaciones en curso, hay varios puntos confirmados en dicho borrador que no se esperan cambiar.
Aplicación Progresiva sin Pérdida Salarial
Según recoger NoticiasTrabajo, el primer punto es que la reducción de la jornada laboral será sin pérdida salarial y se aplicará de forma progresiva. El documento elaborado por el departamento de Yolanda Díaz establece que la jornada pasará de las actuales 40 horas a 38,5 horas desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024, y finalmente a 37,5 horas desde el 1 de enero de 2025.
Fecha de Aprobación y Aplicación Anual
A partir del 1 de enero del próximo año, la jornada laboral se establecerá en 37,5 horas, aplicándose en cómputo anual. La fecha de aprobación de la reducción a 38,5 horas en 2024 aún no está clara, pero el Gobierno pretende que se apruebe antes de agosto.
Otras Medidas Confirmadas
Límite de Horas Extraordinarias
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han dejado claro que no se ampliará el límite anual de horas extraordinarias, actualmente fijado en 80 al año. Aunque la patronal solicitaba mayor flexibilidad, el Gobierno ha confirmado que no compensará la reducción de la jornada con más horas extra.
Mejora del Registro Horario
La medida incluye la mejora del registro horario, que será digital por obligación. La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social podrán acceder a estos registros de forma telemática. Además, las sanciones relacionadas con el registro se aplicarán por trabajador y no por empresa, con cuantías que podrán llegar a los 10.000 euros en su grado máximo.