En una época en la que pagar con dinero en efectivo parece un acto casi residual, parece increíble que sigan aprobándose leyes que restrinjan esta forma de pago. Sin embargo, sí existen y están penalizadas. Si esto es así, es porque aún el metálico no está tan en desuso ni al borde de desaparecer como algunos vaticinan.
Es un hecho que en los últimos años, las tarjetas bancarias y aplicaciones móviles como Bizum, se han colocado en los primeros puestos de las formas de pago más usadas en España. Su funcionalidad y facilidad de uso, ha hecho que no se le ponga competidor por delante, desbancando incluso al propio dinero en efectivo que lleva siglos a nuestro lado.
Sin embargo, no es nuestro país un ejemplo de territorio donde esta forma de pago no se utiliza. Países como Suecia o Canadá, ya funcionan sin efectivo desde hace tiempo, pero en España, el uso del metálico sigue siendo aun más habitual de lo que podemos imaginar. ¿Cuál es la razón para que sea así?
Por un lado, la costumbre hace que aun muchas personas prefieran controlar su economía familiar llevando a cabo siempre los pagos con dinero en efectivo. Sin embargo, no podemos obviar que existe una gran economía sumergida razón por la cual, la normativa fiscal sigue endureciéndose imponiendo sanciones contra esta forma de pago.
INFRACCIÓN POR PAGAR CON DINERO EN EFECTIVO
Por contradictorio que pueda parecer, existe por ley un límite máximo para pagar con dinero en efectivo. A pesar de ser esta una forma de pago, existe normativa que te obliga, a partir de cierta cantidad, a usar otros métodos. Pero, ¿Cómo es esto posible? Lo cierto es que el objetivo es controlar el fraude fiscal, de tal modo, que controlan todo el movimiento de dinero posible.
Hasta hace solo dos años, el límite para hacer pagos con dinero en efectivo era de 2.500 euros. Sin embargo, tras la pandemia, se aprobó la Ley 11/2021 que establece un límite menor, por lo que actualmente, solo podemos pagar hasta 1.000 euros en metálico. Y es que esta crisis sanitaria contribuyó a que otros métodos de pago se impusieran al resto, circunstancia que aprovechó el Estado para poder ajustar más esta medida.
MULTA POR INCUMPLIR LA LEY
El fraude fiscal y la economía sumergida, siempre han estado en el punto de mira de los legisladores. Por este motivo, para pagar un importe superior a los 1.000 euros, deben utilizarse medios alternativos como transferencias bancarias. Cabe señalar, que existe una excepción. En el caso de los particulares extranjeros que vengan a España, el límite aumenta para ellos hasta los 10.000 euros.
Pero, ¿Qué ocurre si se no se cumple esta ley? Existe una sanción. Toda persona que incumpla esta normativa, tendrá que hacer frente a una multa cuyo importe será el 25 por ciento del total pagado con dinero en efectivo. Esto significa, que si una persona supera el límite establecido en sus pagos con dinero en efectivo, puede tener que hacer frente a sanciones de entre 250 y 2.500 euros.
Sin embargo, la ley contempla una serie de beneplácitos que tener en cuenta si en algún momento no se cumple esta ley. En primer lugar, aquellas personas que informen acerca del incumplimiento de la ley dentro de los tres meses tras haberla incumplido, no tendrá sanción. Por otro lado, la Agencia Tributaria contempla una reducción del 50 por ciento de la sanción, si esta se paga según las condiciones establecidas.