La nueva Ley de Empleo, aprobada recientemente por el Gobierno de España, recoge la asimilación entre el grado de discapacidad mínimo del 33% y las situaciones de incapacidad permanente de la Seguridad Social. Esta medida vuelve a estar activa con la finalidad de mejorar el acceso al empleo.
Las personas con discapacidad suelen encontrar mayores dificultades a la hora de acceder a un nuevo empleo, al igual que ocurre con aquellas personas que presentan diferentes limitaciones con una incapacidad permanente total, absoluta o de Gran Invalidez. Así, la inserción laboral es uno de los elementos claves para mejorar la inclusión en sociedad de las personas con discapacidad.
Empleo, discapacidad e incapacidad permanente
En 2018 se eliminó la medida que otorgaba un grado de discapacidad mínimo del 33% a las personas beneficiarias de una incapacidad permanente total, tras una sentencia del Tribunal Supremo. Esta es una situación que ha perjudicado desde entonces a muchas personas perceptoras de una pensión de incapacidad.
Así, a petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Gobierno de España ha vuelto a restablecer por ley la asimilación entre el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente y un grado de discapacidad del 33%.
Esta nueva situación se recoge en el artículo 35 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social: «A los efectos del presente capítulo VI y del ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad».
Mejoras de acceso al empleo
El gran beneficio de las personas con incapacidad permanente de contar con un grado de discapacidad del 33% radica en la posibilidad de tener un mejor acceso al mercado laboral en España.
Con la nueva Ley, los expertos de ‘CampmanyAbogados‘ indican que «se recupera el derecho de acceso de los pensionistas de incapacidad permanente al mercado laboral protegido, de manera que ahora sí pueden trabajar en centros especiales de empleo para personas con discapacidad y ocupar las plazas que las empresas deben guardar para ellos».
Desde el año 2018 al 2023, los pensionistas de incapacidad permanente se han visto perjudicados por la modificación de la Ley, ya que generaba un detrimento a la hora de compatibilizar la pensión de incapacidad con el desarrollo de una actividad laboral.
Las Ofertas de Empleo Público (OPE) guardan un porcentaje específico de sus plazas para personas con discapacidad. Igualmente, muchas empresas del sector privado lanzan ofertas de trabajo destinadas específicamente al colectivo de personas con discapacidad. Así, desde el 1 de marzo de 2023, las personas que perciban una pensión de incapacidad permanente también podrán acceder a estas plazas, ya que tendrán la consideración de un grado de discapacidad del 33%.