Con motivo del Día Internacional de la Luz, que se celebra el 16 de mayo, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha puesto en marcha la campaña #DiscapacidadConLuz para poner de manifiesto la elevada factura de la luz a que tienen que enfrentarse las personas con discapacidad y que acentúa su situación de pobreza energética, así como reclamar medidas que les permitan llevar a cabo una vida digna.
Una consulta elaborada por la Confederación entre su grupo social ha evidenciado que el 79% de las personas consultadas han tenido que alterar sus hábitos de consumo eléctrico para ajustarse a las horas en las que el precio es más económico, opción que no está al alcance de todo el mundo.
Hay personas con discapacidad que, por su situación, están obligadas a hacer uso continuo de la electricidad, superando con creces las ya elevadas facturas de la luz que tienen que pagar la población sin discapacidad: “Necesito un respirador, un condensador de oxígeno durante la noche y algunas horas al día, además de otros aparatos para terapia respiratoria”, detalla una de las participantes de la consulta que necesita dormir con una máquina porque tiene apnea severa.
Mayor consumo por sus tratamientos o recursos de vida independiente
COCEMFE explica que las personas con discapacidad física y orgánica necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente como, por ejemplo, los sistemas domóticos, grúas de elevación o traslado, dispositivos de hemodiálisis, máquinas de oxígeno, bombas de perfusión, tratamientos intravenosos, nebulizadores, climatizadores o incluso para cargar las baterías de las sillas de ruedas.
En este sentido, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, incide en que “al gasto adicional que supone tener una discapacidad, ahora se está sumando una factura eléctrica que nos obliga a pagar más solo por respirar, movernos o mantener nuestro estado de salud”.
“El 80% de las personas que participaron en esta consulta afirmaron que las ayudas existentes para hacer frente a la factura de la luz no tienen en cuenta las circunstancias sanitarias, sociales y económicas específicas de las personas con discapacidad”, argumenta Queiruga, quien pide medidas permanentes e integrales que permitan a las personas con discapacidad más vulnerables y a sus familias llevar una vida digna.
Y es que la consulta realizada por COCEMFE pone de manifiesto que la factura de la luz está teniendo un gran impacto en la economía del grupo social de la discapacidad, ya que para el 70%, aunque aclara que son capaces hacer frente a esta factura, señala que supone una parte excesiva de sus ingresos e incluso una de cada diez personas (11%) declara que no es capaz de pagarla y hasta el 22% ha tenido que dejar de pagar alguna factura de la luz en 2021 por no tener suficiente dinero.
“Estamos hablando de un impacto brutal y desde las Administraciones Públicas se tiene que garantizar que ninguna persona con discapacidad ni ninguna entidad que se dedica a la atención de las personas con discapacidad se enfrenten a la imposibilidad de asumir este gasto”, señala Queiruga.
De hecho, algunas entidades han tenido que priorizar la atención a las personas a las que atienden y dejar de pagar la elevada factura de la luz.
Afecta al bienestar de las personas con discapacidad
De continuar esta situación, se producirá un detrimento en la calidad de vida de las personas con discapacidad, puesto que el 35% de las personas encuestadas ha afirmado que ya ha reducido o limitado sus tratamientos y terapias para hacer frente al pago de la luz e incluso más del 60% ha advertido de que su salud se verá perjudicada si las actuales tarifas se mantienen.
“No puedo poner la bomba de calor cuando la necesito, tengo que hacerlo a horas que el precio es más bajo y en consecuencia paso frío y mis músculos se agarrotan”, explica una de las participantes de la encuesta a este respecto.
COCEMFE y su Movimiento Asociativo recuerda a los distintos poderes públicos que están a su disposición para ampliar información al respecto y/o para trabajar de manera conjunta en el diseño de las medidas necesarias para que los elevados costes de la electricidad no sigan traduciendo en un detrimento de la calidad de vida de las personas que se encuentran en mayor riesgo de exclusión.
