El Senado ha dado su visto bueno a la ley que reforma la legislación española para eliminar la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad. En unanimidad, la Comisión para las Políticas de Discapacidad del Senado ha dado el visto bueno. Ahora, el texto pasará a debate y votación en el Pleno de la Cámara alta.
Se trata de un texto que se centra en los términos «apoyo» y «respeto a la voluntad, con el objetivo de trasponer a la legislación española las reclamaciones de la ONU recogidas en el Convenio por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La ley recoge que en su redacción, que «no se trata de un mero cambio de terminología» para convertirse en un texto «más preciso y respetuoso», sino que busca modificar «el enfoque de la realidad» para que este sea «más acertado» y «advierta» sobre situaciones que, hasta ahora, habían pasado «desapercibidas», como que «las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones».
Es por ello que el articulado de este proyecto de ley sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una «ayuda técnica» en materia de «comunicación» para adaptar la declaración de voluntad de estas personas a su situación y características individuales.
De esta forma, la representación o sustitución en la toma de decisiones de una personas con discapacidad se mantiene «únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo».
Reforma de varias leyes
La modificación aprobada elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que, según detalla el texto, no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.
También aborda la institución de la curatela, lo que obliga a modificar las leyes Hipotecaria y del Registro Civil; y se reforma la ley de Enjuiciamiento Civil en relación al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en los procedimientos de separación y divorcio y en el procedimiento para la división de la herencia.
Por último, la ley del Notariado se acomoda terminológicamente a estos cambios y tras su paso por esta Cámara alta también se producirán modificaciones para que la Ley de Comercio se adapte a esta propuesta.
En la tramitación en el Senado, los grupos parlamentarios han logrado incluir mejoras técnicas a través de unas 80 iniciativas transaccionales.
Vox no apoya el texto
Tal y como ha explicado el portavoz del PSOE en esta comisión, José Aurelio Aguilar, se ha «mejorado» el texto del Congreso con «novedades importantes y de calado» a través de un «trabajo colaborativo» entre los partidos. De hecho, ha indicado que, en las transaccionales incluidas en la ley en la fase de ponencia hay iniciativas de la mayoría de los grupos parlamentarios
En cuanto a las enmiendas rechazadas, el socialista ha explicado que no se han incluido en la ley porque no la mejoran o porque ya habían sido debatidas y rechazadas en el Congreso. En referencia a las de Vox, además, ha indicado que son contrarias al espíritu de la norma.
Los de Santiago Abascal son, tal y como ocurrió en el Congreso, la única formación política que no apoya el contenido de esta iniciativa, impulsada por el Comité Español de Representación de Personas con Discapacidad (CERMI). Sin embargo, en esta ocasión su postura no se ha reflejado en la votación, ya que pertenece al grupo mixto y sólo uno de sus dos representantes en la comisión podía votar.
En su intervención, el portavoz de Vox en el debate, José Manuel Marín, ha asegurado que no apoyan esta propuesta de ley porque no da cuenta debida de «la tradicional distinción» entre capacidad jurídica y la capacidad de obrar. A su juicio, «la dignidad» de las personas con discapacidad «no sufre porque su capacidad jurídica se vea limitada» y cree que se podría haber cumplido con la Convención de la ONU de otra manera.
Enmiendas vivas para el pleno
Esta actitud ha sido criticada por el senador de Ciudadanos, Tomás Marcos, quien ha reprochado a los de Abascal que sean la única formación que se una al consenso en esta materia y que se «niegue» a firmar declaraciones institucionales que tengan que ver con los derechos fundamentales del colectivo con discapacidad.
Tanto Marcos, como el resto de grupos han destacado el diálogo y el trabajo realizado por la comisión para llegar a este texto. Aún así, formaciones como ERC, PNV o Unión del Pueblo Navarro (UPN) han explicado que mantendrán algunas de sus enmiendas vivas –relacionadas con el ámbito competencial– para insistir sobre su aprobación en el debate del Pleno de la próxima semana.
En este sentido, la portavoz de Junts, Teresa Rivero, ha lamentado que el PSOE esté abusando de los procedimientos de urgencia en algunas leyes que no deja que los grupos pequeños puedan «participar» en las tramitaciones con «la holgura y rigurosidad» que les gustaría. Su homóloga del PNV, María Rosa Peral, ha indicado, además, que «un acuerdo de máximos haya impedido la aprobación de enmiendas de los grupos más pequeños».
Finalmente, la representante del PP en la comisión, Violante Tomás, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de esta propuesta de ley que, según ha señalado, fue un encargo del Gobierno de su partido.
