Las personas con discapacidad son considerados como uno de los grupos vulnerables de nuestra sociedad, junto a otros como las personas mayores o las mujeres víctimas de violencia de genero. Para estas personas con discapacidad, si cumplen con cierto grado como requisito, se le ofrecen una serie de ventajas, ayudas o beneficios fiscales a fin de lograr su inclusión en la sociedad y acabar con las barreras que se les imponga.
En este artículo vamos a hablar sobre cuales son los beneficios fiscales a los que se puede acoger una persona en Andalucía si tiene un grado de discapacidad igual o superior al 33%. En primer lugar, deberá de acreditar su grado de discapacidad, que es un «documento oficial que acredita el grado de discapacidad de una persona, que se se convierte en una herramienta clave para acceder a estas ventajas y beneficios, especialmente en el ámbito fiscal». En la región de Andalucía se encarga de tramitar este documento la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
Un beneficio fiscal de hasta 9.000 euros para personas con discapacidad
Uno de los beneficios fiscales más llamativos para las personas con discapacidad es con el que se pueden desgravar hasta 9.000 euros anuales sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Este beneficio fiscal va a estar marcado por el grado de discapacidad sobre el que se va a marcar la deducción que se podrá aplicar al contribuyente. Por ejemplo, si la persona tiene un grado de discapacidad igual o mayor al 33% y menor al 65%, el mínimo aplicable es de 3.000 euros anuales. En caso de que el grado de discapacidad sea igual o superior al 65%, el mínimo aplicable asciende a 9.000 euros anuales.
Además, si se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas, movilidad reducida o un grado de discapacidad igual o superior al 65%, se añaden 3.000 euros anuales al mínimo aplicable.
Otros beneficios fiscales para personas con discapacidad
Pero este no es el único beneficio fiscal con el que cuenta las personas con discapacidad. Con respecto al empleo y las oportunidades laborales, debemos de tener en cuenta que en pro de mejorar el acceso al mercado laboral de este colectivo, se reserva un porcentaje de puestos de trabajo en el sector público para personas con discapacidad. Las empresas privadas con más de 50 empleados también están obligadas a reservar un 2% de sus puestos para este colectivo. En el caso de empleo público, la cuota de reserva se eleva al 10%.
En caso de que una persona opte por el autoempleo, también existen otros beneficios que varían según la comunidad autónoma; aunque también existen programas de empleo y formación en el marco de la Unión Europea.
Si hablamos de las prestaciones sociales y económicas que existen para las personas con discapacidad podemos decir que para aquellos que no pueden trabajar y, por ende, están fuera del alcance de la Seguridad Social, se ofrecen dos prestaciones fundamentales. Además, los padres con hijos menores de edad que tengan una discapacidad del 33% o superior pueden solicitar una paga adicional.
- Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (ASPF): Esta prestación garantiza el acceso a servicios médicos y cubre los gastos de medicamentos necesarios para el tratamiento de la discapacidad.
- Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte (SMGT): Diseñado para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad, este subsidio ayuda a cubrir los gastos de transporte necesarios.
Con respecto al transporte público y la vivienda debemos de tener en cuenta que poseer un grado de discapacidad del 33% o superior permite solicitar una tarjeta especial para el transporte público, reduciendo el costo de los billetes. También se ofrecen deducciones en la adquisición de viviendas, especialmente importantes dado que muchas veces requieren adaptaciones específicas.
