La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a ayuntamientos para la realización de actuaciones de mejora de la accesibilidad de las personas con discapacidad, cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea mediante el programa operativo Feder 2014-20, por valor de cerca de 530.000 euros (529.781). Esta cantidad supone 134.701 euros más respecto a la última convocatoria.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado hoy mismo el texto que recoge toda la información relativa. Según ha señalado Ruiz, “esta convocatoria de ayuda institucional en materia de accesibilidad en infraestructuras sociales, está destinada a facilitar la progresiva eliminación de barreras detectadas en los espacios públicos y edificaciones sociales, en la medida en que aquellas actuaciones beneficien a las personas con discapacidad”.
La convocatoria toma como punto de partida el Pacto Andaluz por la Accesibilidad, al que actualmente hay adheridos hasta 279 ayuntamientos “aunque son muchos más los municipios que trabajan la accesibilidad con los medios disponibles”, ha subrayado la consejera. De hecho, la planificación formativa en esta materia está asentada y ha abordado diversos aspectos. Para el año próximo, están previstos cursos sobre accesibilidad, seguridad y autoprotección en los centros de personas con discapacidad y mayores; y de accesibilidad en las edificaciones públicas existentes o de vivienda. Así como sobre accesibilidad cognitiva, con el objetivo de que la Administración sepa comunicarse de forma más clara y comprensible con la ciudadanía.
La accesibilidad, factor fundamental en la inclusión
“La actuación pública tendrá un mayor impacto cuando se observen las variables de género y accesibilidad. El cómo sean los pueblos y ciudades dice mucho de cómo somos. Para ello, la accesibilidad universal se convierte en un indicador fundamental de inclusión”, ha señalado Rocío Ruiz.
La Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad proclama la importancia de la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos y libertades fundamentales. Asimismo, es uno de los objetivos de la Ley andaluza 4/2017 de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, que establece también un régimen sancionador.
A efectos de esta convocatoria, se entenderá como ‘infraestructura social’ los inmuebles, construcciones, establecimientos, instalaciones de uso y concurrencia pública, de titularidad municipal en los que se presten servicios sociales, administrativos, culturales o deportivos (entre otros: centros de atención a personas con discapacidad, personas mayores, centros de servicios sociales comunitarios, centros de menores y otros colectivos en riesgo de exclusión social; edificios consistoriales, centros escolares, deportivos, culturales, etcétera), así como aquellos espacios libres y viales que den acceso o sean colindantes a este tipo de infraestructuras.
Los ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 10 de noviembre, fecha de fin de plazo.
Centro Puerta Andalucía para pacientes Covid-19
Por otra parte, como ya ocurriese con la primera ola de la pandemia por Covid-19 en el caso de los albergues, la consejera ha puesto a disposición de la Consejería de Salud y Familias todos los recursos disponibles, entre ellos, el centro Puerta Andalucía que se encuentra en la provincia de Jaén, para el posible traslado de pacientes con Covid-19. “Somos conscientes de la difícil situación que afrontamos de nuevo, por lo que ofrecemos y mantenemos toda nuestra disponibilidad, fluida colaboración y diálogo constante con el consejero Jesús Aguirre para dotar de la mejor atención posible a las personas afectadas”.
Este edificio, que se encuentra en proceso de acondicionamiento y puesta en servicio, está incluido en la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia y va a constituirse como un centro pionero en el modelo de atención integral a las personas con discapacidad. Sin embargo, debido a la situación sanitaria provocada por la segunda de la pandemia de coronavirus, podría destinarse a uso sanitario según estimase más conveniente la Consejería de Salud.
