136. Ese es el número de denuncias por vulneraciones de derechos contemplados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que recoge el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en su informe general ‘Derechos Humanos y Discapacidad España 2023’.
Pero no todo es negativo en este informe, sino que se incluye otros aspectos como 60 propuestas de mejora y 36 avances. Gregoria Saravia, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, ha indicado que «las denuncias superan a los avances con creces, un hecho que evidencia que la Convención sigue sin alcanzar en toda su extensión la vida de las personas con discapacidad».
Además, el documento que ha publicado el CERMI recoge una cartografía «nítida y ajustada de la realidad» de los derechos de las personas con discapacidad, los avances legislativos que se han producido en este año, así como los «múltiples» retos pendientes para garantizar la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad y luchar para eliminar las barreras que aún perduran.
El objetivo de esta publicación es ser una fuente de información valiosa que da cuenta de la consecución y aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en España.
Los derechos vulnerados de las personas con discapacidad
En cuanto a los artículos más vulnerados, Saravia aclaró que no se incluyen referencias a todos los artículos, sino a aquellos que permiten un ámbito de reflexión necesario y que son significativos sobre la realidad de los derechos de las personas con discapacidad en España.
El artículo de la Convención que registra un mayor número de denuncias es el 9, referente a accesibilidad; seguido del 24, sobre educación; y del 27, sobre derecho y empleo. Las propuestas de mejora se concentran en su mayor número respecto al artículo 4, referente a obligaciones generales; seguido del 27, sobre derecho y empleo; y el 13, de acceso a la justicia.
Respecto a los avances registrados, el mayor número de ellos lo tiene el artículo 9, de accesibilidad; seguido del 27, sobre derecho y empleo; y el artículo 30, sobre participación en la vida cultural.
La investigación incide en que la discapacidad no es neutra en términos económicos y de renta, por lo que las familias de personas con discapacidad y por tanto las niñas y los niños con discapacidad que en ellas viven, «sufren más intensamente el riesgo de la pobreza y la exclusión, ya que la discapacidad lleva consigo casi siempre menor renta disponible y también mayor gasto, dándose el llamado agravio económico por motivos de discapacidad».
Actualizar las cuantías y mejorar las prestaciones del SAAD
Una de las peticiones que ha solicitado el CERMI es a actualizar las cuantías económicas y a mejorar la intensidad de las prestaciones del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) adecuándolas a los nuevos parámetros establecidos en el Real Decreto 675/2023, de 18 de julio.
En este contexto, han sido numerosas las quejas de personas usuarias del SAAD, en distintas comunidades autónomas, acerca de que sus prestaciones siguen en los mismos términos previos a la aprobación del Real Decreto citado, «por lo que no están disfrutando de estas mejoras, como es su derecho».
Durante el informe, el CERMI recoge que ha desplegado una «intensa» agenda de incidencia política exigiendo a la Comisión Europea máxima ambición formal y material en la regulación de la tarjeta europea de la discapacidad. Debemos de recordar que esta medida tiene como objetivo que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la movilidad en la Unión Europea. Este movimiento es «crucial» para el colectivo de las personas con discapacidad.
Finalmente, si hablamos de movilidad entre las personas con discapacidad, el CERMI ha interpuesto una queja ante la Defensora del Pueblo de la Unión Europea por «la deficiente regulación de los derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad o con movilidad reducida, que mantiene un trato y una atención inadecuados y muchas veces discriminatorios hacia esta parte de la ciudadanía».