La Federación Catalana de la Discapacidad Intelectual (Dincat) y Granés Fundació han alertado de que «solo» 1 de cada 100 personas con discapacidad intelectual tiene trabajo en Catalunya. Este estudio ve la luz dos años después de la publicación del primer informe, y nace con la voluntad de contar con una perspectiva evolutiva y comparada con relación a la realidad que afronta el colectivo para, así, identificar los grandes retos a abordar, partiendo de lo que prescribe la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Actualmente, y según constata el informe, 1 de cada 100 personas en Cataluña tiene discapacidad intelectual. Esta es la tipología de discapacidad que más ha crecido en los últimos 5 años, llegando a hacerlo en un 28%. El informe, impulsado por LabDincat, el espacio de investigación y conocimiento del sector, recopila los principales datos disponibles sobre las personas con discapacidad intelectual en Cataluña, recogiendo sus principales demandas e incorporando reflexiones y opiniones de académicos, profesionales, personas con DID y familiares .
En concreto, el observatorio analiza entre otros aspectos:
- Infancia y adolescencia
- Accesibilidad
- Acceso a la justicia
- Educación
- Trabajo y empleo
- Salud
- Vida independiente e inclusión en la comunidad
- Participación en la vida política y pública
- Nivel de vida y la protección social
- Reconocimiento igualitario ante la ley
- Participación en la vida cultural, el ocio y el deporte
Los datos más relevantes del informe sobre las personas con discapacidad intelectual
Del informe se extraen datos del todo preocupantes como que sólo 1 de cada 10 personas con discapacidad intelectual tiene trabajo. Además, el cálculo de la pensión media no contributiva, la que reciben la mayor parte de personas con discapacidad intelectual, está por debajo de los 440 euros mensuales, lo que representa el 44% del salario bruto mínimo interprofesional.
A esto hay que sumarle que todavía arrastramos una lista de espera de más de 3.800 personas para acceder a centros residenciales y/o hogares residencia; o que una de cada tres mujeres con discapacidad intelectual nunca ha ido una consulta ginecológica. Además, entre 2001 y 2023, el número de usuarios de los servicios de atención precoz se ha multiplicado por diez y la frecuencia asistencial media de estos niños está por debajo del mínimo legal requerido. Otro dato interesante es la prevalencia de trastornos psiquiátricos se ha demostrado de 3 a 4 veces mayor entre personas con DID, que se encuentran con diagnósticos inadecuados y con frecuencia van acompañados de una sobremedicación innecesaria.
Por tanto, las personas con DID se enfrentan a múltiples retos que las sitúan en posiciones de desigualdad, discriminación y vulneración de derechos. Estas dificultades se encuentran en la educación, el empleo, la vivienda y la vida independiente, la participación política y la vida en comunidad o el ejercicio de la capacidad jurídica, entre otros. Y es que a pesar de los progresos en la legislación y la mayor conciencia pública, persisten barreras significativas que limitan su acceso en igualdad de oportunidades en los distintos ámbitos y derechos reconocidos pero que todavía siguen sin hacerse efectivos. La inclusión social sigue siendo, por tanto, una meta lejana que viene fijada por la Convención de las Naciones Unidas y en la que se ha avanzado, pero de forma totalmente insuficiente. Se pone de manifiesto, por tanto, la necesidad urgente de impulsar políticas públicas para garantizar la inclusión y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad intelectual en todas las esferas de la sociedad.
5 peticiones a la administración con respecto a las personas con discapacidad intelectual
Por todo ello y con el informe en la mano, el sector exige a la administración:
- Acabar con las listas de espera y actualizar la Cartera de Servicios Sociales, priorizando un modelo de atención centrado en las personas que potencie los soportes y servicios de promoción de la autonomía personal, a la vez que se da solución a las dificultades de acceso en la vivienda por parte del colectivo y se potencia su participación social en ámbitos como el ocio, la cultura, el deporte o la política.
- Definir una estrategia global de inserción laboral para las personas con discapacidad, que incorpore medidas de acción positiva dirigidas a las personas con discapacidad y especiales dificultades, tanto desde la vertiente del mercado protegido como de la inserción en la empresa ordinaria, apostando por metodologías y modelos como el trabajo con apoyo o la formación dual adaptada.
- Conseguir un sistema educativo inclusivo facilitando los recursos personales y materiales que permitan la mejora de las políticas y prácticas educativas en las escuelas y la progresiva transformación de los centros de educación especial en este sistema, para disponer de un sistema integral donde todo el alumnado tenga cabida y alcance los objetivos educativos que les corresponden en todas las etapas.
- Establecer los servicios sociales como sistema, de modo que confiera seguridad y calidad para tener mejor capacidad de respuesta, que vele por la garantía de derechos, que asegure el equilibrio territorial, que tenga en cuenta el sobre coste que sufren las personas con DID y sus familias, que reconozca el papel de las personas cuidadoras no profesionales y que ponga en valor el trabajo desarrollado por los y las profesionales del sector.
- Garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, así como la plena participación social de las personas con DID; especialmente consiguiendo la incorporación de la accesibilidad cognitiva a todos los entornos y procesos haciendo que Cataluña sea accesible universalmente; también prestando especial atención a la situación de las niñas y mujeres con DID; y desde todos los ámbitos como el sanitario, judicial, penitenciario, cultural, recreativo, político, entre otros.
El informe se ha presentado ante más de cien profesionales y representantes de instituciones del sector, en un acto que se ha realizado en el Colegio de Periodistas de Cataluña y que ha contado con las intervenciones de José Carlos Eiriz , predicente de Dincat, Laura Masferrer, directora gerente de Granés Fundación, María Sánchez (Ksnet), coautora del informe; y la nueva consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo.